La reforma de la ley del aborto y el ejercicio de la hipocresía

Erdogan, primer ministro turco, ha anunciado recientemente que su gobierno prepara una Ley para abolir el aborto, en España, Gallardón anuncio en su día su intención de derogar la actual Ley que recoge la posibilidad de acceder al aborto, en un plazo determinado sin tener que justificar causa concreta y para las mayores de 16 años sin necesidad de autorización de los padres. Si, finalmente, se lleva a cabo esta reforma, entraremos en un retroceso negligente simplemente para compensar expectativas políticas de un porcentaje mínimo de la población.

¿Por qué tenemos que retroceder en la regulación actual?, ¿cuál es la razón que lleva a nuestros gobernantes a derogar una Ley que ayuda a que una realidad, ya existente en nuestro país, pueda desarrollarse con total legalidad y a que la seguridad social asuma el coste de las interrupciones voluntarias del embarazo?.

Volver al sistema anterior al de la actual Ley, no repercutirá en un menor índice de abortos, pero eso sí, las mujeres lo harán de forma más clandestina e ilegal y con un coste económico más alto. Nuestros gobernantes lo saben y no creo que piensen, que el apoyo al aborto “es un siniestro plan para debilitar al país”, como Erdogan.

Nuestros representantes políticos, cuando voten la derogación de la actual Ley, deben asumir que están imponiendo una descendencia no querida ni deseada, con las consecuencias que ello comporta. Las razones que llevan a las mujeres a tomar esta decisión han sido múltiples, largamente reflexionadas y, seguramente, difíciles y las consecuencias que se derivan de una imposición como es tener un hijo, son irreversibles.

Muchas personas en España de distintos ámbitos políticos y socioeconómicos se han enfrentado en algún momento de sus vidas a un aborto, ya sea sufriéndolo, conociéndolo o apoyándolo, aun cuando no se cuente, se esconda o se silencie y se intente olvidar, pero no por ello no existe.

Con la anterior legislación, a la vigente, en la práctica y gracias a una interpretación permisiva de la misma, se adaptaba el supuesto admitido de riesgo para la salud psíquica de la mujer, para practicar una interrupción voluntaria del embarazo en situaciones similares a una ley de plazos y las autorizaciones de las madres y padres de las menores no eran supervisadas en muchos casos.

Si las cámaras legislativas votan específicamente la derogación de la Ley actual, esto tendrá una consecuencia muy clara, no habrá permisividad alguna, nos encontraremos en una situación muy parecida a cuando las mujeres de este país tenían que ir a abortar fuera de nuestras fronteras. Esta nueva situación, sumirá en el desconcierto de lo que es legal o ilegal y los motivos que llevan a considerar la interrupción del embarazo de un modo u otro.

En mi opinión, las consecuencias que tendrá para la sociedad española cambiar una ley, que se adapta a la realidad existente en nuestra sociedad, pueden ser importantes y no se ha explicado de forma coherente las razones para llevarlo a cabo.

Si la nueva medida es votada por nuestros representantes políticos, sin justificación alguna, consentirán que aquellas mujeres que decidan abortar cometan un delito o una ilegalidad y sus señorías darán la espalda a la realidad existente en la sociedad, además de exponer a las mujeres de este país a correr riesgos innecesarios e intolerables.

El Presidente del Tribunal Supremo y su actuación

El presidente del Tribunal Supremo debe dar explicaciones a la ciudadanía, por transparencia y por ética.

El hecho de que un tribunal considere que no existen indicios de un delito de malversación de caudales públicos, no implica, en ningún caso, que no se hayan cometido irregularidades y, por supuesto, no puede decirse, como ha manifestado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardon, que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Diva, haya salido favorecido o reforzado.


Ante la gravedad de las acusaciones imputadas a Carlos Diva, es necesario que se informe a la ciudadanía de las justificaciones que éste ha dado sobre sus supuestos viajes de trabajo, para que la ciudadanía restablezca su confianza en el poder judicial. Como afirma Gómez de Benítez, no sólo el Consejo del Poder Judicial no ha conseguido una explicación, tampoco lo ha logrado la ciudadanía.

Hasta el momento, sólo conocemos que el presidente del Tribunal Supremo ha sido denunciado por efectuar veinte viajes a Marbella a cargo del Consejo. Es posible que haya justificado que, en ningún caso, haya destinado a usos ajenos a la función pública los ingresos que en su día se le hicieron de las facturas abonadas o que abono de forma directa el Consejo. Es posible, incluso, que incurriera en algún error y, por ello, no se haya considerado la existencia de indicio alguno de delito. Sin embargo, no se ha dado explicación alguna de cuáles eran los motivos de sus viajes, ni de por qué estos se producían durante los fines de semana, ni el destino de los mismos, siempre al mismo lugar Marbella, ni se ha justificado las cuantías de las facturas que se abonaron. No dar explicaciones de todos estos aspectos acrecienta el desconcierto y la desconfianza de los ciudadanos.

Sería conveniente que la opinión pública conociera la justificación no de la no existencia de indicios de delito, sino de la no existencia tampoco, en ningún caso. de irregularidad de tipo alguno.

El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial no es un funcionario cualquiera, es una persona que representa a la justicia en este país, que ha sido designado en base a la soberanía popular y por tanto debe tener y mantener el respaldo de la misma. No es de recibo que pueda existir ni la mínima duda de su actuación, porque la imagen que traslada de la justicia es opaca, cuando uno de los principios de la justicia es actuar con transparencia, como ha señalado Gómez de Benítez.

Es muy importante que se explique con claridad y que no nos quede ni la más mínima duda de las razones de la actuación del presidente del Tribunal Supremo. Es importante para la justicia y la percepción que de la misma se tiene.